Redacción. La inclusión de los regadíos de La Litera Alta (zonas oriental, occidental y central) por un importe superior a los 60 millones de euros es la propuesta que la Diputación Provincial de Huesca ha hecho al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del plazo abierto para la presentación de alegaciones al citado proyecto.
El presidente de la institución, Miguel Gracia, considera que estos regadíos son, de acuerdo con la investigación ‘Estudio comparativo de la evolución demográfica de la comarca de La Litera y sus causas‘ que llevaron a cabo Joan Ganau Casas y Jaume Macià Amorós, de la Universidad de Lérida, “de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de La Litera y adecuados al desarrollo sostenible de dicho territorio”. Su inclusión, añade Gracia, supondría “un apoyo importante para frenar la pérdida poblacional que afrontan algunos de los municipios de esta comarca”.
En el documento enviado tanto al ministerio como a la Confederación Hidrográfica del Ebro, la institución propone la financiación de estos regadíos al 50% entre el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y la Comunidad de Regantes.
Hay otras medidas que desde la Diputación Provincial de Huesca se sugieren en el documento con el objetivo de que el Plan Hidrológico del Ebro tenga en especial consideración a los territorios afectados por embalses y obras e infraestructuras hidráulicas.
La DPH sugiere una batería de medidas con el objetivo de que el Plan Hidrológico del Ebro tenga en especial consideración a los territorios afectados por embalses y obras e infraestructuras hidráulicas
Los rendimientos se deben destinar a la restitución económica y social del territorio que los genera
Entre las propuestas, la institución alega la necesidad de que los rendimientos derivados de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de la reserva de energía, se destine, preferentemente, a la restitución económica y social del territorio que los genera,destinándose un porcentaje de los mismos a los municipios afectados por el salto y sus infraestructuras y otra parte importante a la restitución del propio territorio que los genera a través de planes de desarrollo económico y social y necesidades energéticas de abastecimientos de agua. En este sentido, apostilla el documento, debe ser decisiva la participación de las entidades locales afectadas en la determinación de los proyectos y necesidades a satisfacer.
Asimismo, una parte de los beneficios de los saltos hidroeléctricos que se generaran en el periodo de nueva gestión, tras la caducidad de las concesiones actuales, deberían destinarse a la restitución económica, social y medioambiental de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas, como “zonas cedentes”.
En este sentido, desde la DPH se considera fundamental que se lleve a cabo un inventario actualizado de las infraestructuras hidroeléctricas cuyas concesiones estén caducadas y que se haga efectiva la resolución de los expedientes.
Otra de las sugerencias de la institución provincial hace referencia a la posibilidad de que las pequeñas centrales, después de que caduquen sus concesiones, puedan revertir a los municipios donde se ubican en lugar de ser desmanteladas en aras a la rentabilidad o a otros intereses.
Estos son algunos de los puntos principales en las alegaciones de la Diputación Provincial de Huesca al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro que hacen especial énfasis en la consideración de los municipios, ayuntamientos y territorios afectados por embalses, centrales hidroeléctricas e infraestructuras hidráulicas.
No obstante, hay otras medidas que sugiere la institución y que consisten en la creación de un observatorio del cambio climático en la cuenca del Ebro, agilizar los procesos de trámites de autorizaciones, especialmente aquellas que son objeto de servicios básicos prestados por las entidades locales; mejorar el control y seguimiento de las concesiones para tramitar sus caducidades en los plazos establecidos; poner en marcha medidas legales que garanticen servidumbres públicas de los embalses, así como la adopción de un control urbanístico-administrativo por parte de los ayuntamientos para futuras obras sobre dominio público hidráulico.
